El gobierno municipal de Acapulco encabezado por Abelina López mantiene firme la negativa de entregar la información necesaria para auditar el destino de 898 millones de pesos ejercidos en obra pública durante 2023, denunció el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marcos César Peralta, quien calificó la negativa como un acto de opacidad y obstrucción a la fiscalización que constituye una violación a la ley que podría derivar en responsabilidades administrativas o penales.
Asimismo, aclaró que la ASE no es un organismo que ejerce persecución contra los sujetos obligados a rendir cuentas y a transparentar los recursos públicos. Resaltó que el gobierno del estado encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ha cumplido a cabalidad con la rendición de cuentas y transparenta el uso y manejo de los recursos públicos, que lo caracteriza como un gobierno ordenado que cumple con la ley.
Precisó que los recursos no fiscalizados forman parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), destinados a obras públicas en beneficio de la población.
A pesar de que el municipio ha declarado públicamente la realización de 511 obras, la ASE no ha recibido “ni un solo expediente, ni de una banqueta”, advirtió Peralta Hidalgo.
Subrayó que la fiscalización de estos recursos es obligatoria y está prevista tanto en la Constitución federal como en la legislación local, por lo que la ASE está facultada para exigir cuentas claras sobre su ejercicio.
Marcos César Peralta rechazó que se trate de una persecución política en contra de la presidenta municipal, e indicó que la auditoría es una función técnica y legal para garantizar transparencia y rendición de cuentas.
“No es un acto punitivo la fiscalización, es una acción de mejora y rendición de cuentas. No perseguimos a nadie, pero la ley se tiene que cumplir”, sostuvo.
Informó que la ASE y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen convenios de colaboración que permiten realizar auditorías concurrentes, y aunque la ASF también puede revisar estos recursos, eso no excluye la competencia de la autoridad estatal.
Explicó que ante la falta de programación de la ASF para auditar el FAISMUN, correspondió a la ASE iniciar la revisión, sin embargo, la administración municipal de Acapulco ha presentado diversos argumentos legales para evitarla.
Aun así, un juez federal negó a la alcaldía la suspensión definitiva que había solicitado para frenar la auditoría, por lo que el proceso seguirá su curso, enfatizó el auditor estatal.
Actualmente, la ASE está a la espera de ser notificada de una controversia constitucional promovida por el ayuntamiento de Acapulco, a fin de conocer sus alcances y preparar la respuesta jurídica correspondiente.
Marcos César Peralta destacó que ningún otro municipio ni poder público en Guerrero se ha negado a rendir cuentas. Subrayó que tanto el gobierno estatal como el Poder Legislativo y Judicial cumplen cabalmente con la fiscalización.
“Es muy raro lo que ocurre en Acapulco. Ni en años pasados se habían presentado controversias de este tipo. La transparencia de los recursos es señal de buen gobierno”, afirmó.
Reiteró que la ASE mantendrá su exigencia de transparencia porque se trata de recursos públicos cuyo destino debe ser conocido por la ciudadanía, especialmente en un municipio como Acapulco donde las necesidades sociales son profundas.
